Programa SF 135 - Hugo Cañón y Daniel Cabezas - 22 de Noviembre de 2014

Periodismo de infantería.
por Mariana Moyano

Editorial SF del 22 de noviembre de 2014

No es menos brutal que lo del ex teniente coronel Anselmo Pedro Palavezzatti porque lo haya dicho un presidente estadounidense y en plena conferencia de prensa. El ex militar fue, quizás, más burdo, más rústico, cuando en ese intento autoexculpatorio frente al Tribunal 1 de La Plata contó que con el diario El Día de La Plata trabajaban codo a codo para oler el clima de la calle, el estado de ánimo, respecto de la dictadura. Estaba siendo juzgado y contó que, juntos -uniformados y diario- hacían “un tipo de encuesta en la vía pública, de forma reservada. Eran informales. La gente no sabía que era una actividad de inteligencia. Se las encargábamos a El Día porque los diarios saben de esas cosas cotidianas”. Fue brutal y puso al periódico en un problema. Pero sigue la misma línea –porque no es una casualidad sino un plan sistematizado desde lejos en la geografía y en el tiempo- que lo de Dwight Eisenhower. “Nuestro objetivo en la guerra fría –sostuvo el entonces mandatario- no es conquistar o someter por la fuerza un territorio. Nuestro objetivo es más sutil, más penetrante, más completo. Estamos intentando que el mundo crea nuestra verdad. A los medios que vamos a emplear para extender esa verdad se les suele llamar guerra psicológica. No se asusten del término. La guerra psicológica es la lucha por ganar las mentes y las voluntades de los hombres”.

Un eslabón está encadenado al otro: el Manual de operaciones psicológicas de los militares argentinos –tomado de otras experiencias de conquista, colonización e infiltramiento-, es decir, la preparación del terreno para, primero, construir al enemigo, luego hacer silencio frente a la muerte y tergiversar o fraguar la información existente y, por último, justificar los hechos una vez conocidos. Ahí hay un poco de Consenso de Washington, otro tanto de Escuela de las Américas y bastante de la actividad de Francia sobre Argelia. En paralelo, por supuesto, con el crecimiento de penetración de los medios en el mundo.

2014 viene siendo –y todo indica que finalizará del mismo modo- un año bisagra en este tan arduo trabajo de comprender que la labor de los medios argentinos durante la dictadura no se limitó a apropiarse de empresas del Estado para quedárselas para sí y obtener de este modo la piedra basal del imperio posteriormente construido. No terminó en entregar a las garras de los ejecutores de los asesinatos a líderes obreros. No finalizó en denunciar a periodistas que se habían atrevido a denunciar(los). Su trabajo de sociedad y participación fue mucho –al decir de Eisenhower- más sutil, más penetrante, más completo: fueron la avanzada en la guerra por nuestras mentes. Y es en 2014 cuando especialmente dos acontecimientos ponen sobre la mesa prueba, testimonio, accionar judicial y condena.

El primero de los ejemplos lo contaremos a través de la pluma de la revista MU. Porque estuvo rigurosa y hermosamente relatado allí:
“El momento más denigrante del periodismo argentino tiene fecha: setiembre de 1979. Fue cuando la dictadura desplegó en los medios los servicios de la agencia multinacional Burson Marsteller. Pagó 1 millón de dólares para que le diseñaran una campaña que neutralizara la primera visita de una comisión internacional dispuesta a investigar las denuncias por violaciones de derechos humanos. Se sabe hoy que a Burson Marsteller le corresponde el copyright del inolvidable slogan “Los argentinos somos derechos y humanos” que el entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy, mandó imprimir en 250.000 calcomanías autoadhesivas. Lo que no se sabe aún es si esta historia de Thelma Jara de Cabezas hay que leerla en el contexto de esa campaña y como una de sus mentiras más exitosas y perdurables”.

“Thelma es una princesa guaraní. Nació en Corrientes, se casó en Ushuaia, parió a sus 2 hijos en Buenos Aires y regresó al fin del mundo hasta que dijo basta. Desde entonces, se radicó en Carapachay, donde crió a sus varones, sola. Trabajaba de asistente dental. Era activa, moderna, decidida. Los 70 la encontraron sin tiempo para la política, pero alentando a sus hijos a volar tras sus sueños. El mayor, Daniel, se fue a México a estudiar cine. El menor, Gustavo, comenzó a participar en Montoneros. El 10 de mayo de 1976 lo secuestraron en un operativo callejero. Había militado sólo seis meses. Tenía 17 años”.

“La desaparición de Gustavo convirtió a Thelma en una de las fundadoras de Familiares, la primera organización de derechos humanos nacida en plena dictadura. Thelma fue secuestrada el 30 de abril de 1979 en la puerta del Hospital Español, en plena Capital porteña. Había ido a cuidar a su ex marido”. La agarran de los pelos en plena calle, la suben a un auto y la llevan a la ESMA.
“Vieja de mierda, hablá”, era la palabra que mediaba entre uno y otro maltrato físico. Y el insulto salía de boca de ´Marcelo´, el represor que la torturó, que la siguió por el mundo cuando ella buscaba apoyo internacional para rescatar a su hijo y quien estaba en la otra mesa de ese bar en que el periodismo argentino cometió una de sus más horripilantes bajezas. Marcelo es Ricardo Miguel Cavallo, quien desde el 26 de octubre de 2011 cumple prisión perpetua.

“Fue el inefable José Alfredo Martínez de Hoz –sigue la magnífica crónica de MU”- el que recomendó a la Junta Militar contratar los servicios de la agencia internacional Burson Marsteller para contrarrestar las denuncias que en foros y prensa internacionales lograron difundir Madres y familiares de desaparecidos. Su mano derecha, Walter Klein, por entonces titular de Coordinación y Planificación Económica, fue quien viajó a Nueva York para reunirse con Víctor Emmanuel, el responsable de la ´cuenta´ argentina. Emmanuel admitió su participación en el diseño de la campaña en una entrevista que le realizó la investigadora Marguerite Feitlowitz y que publicó en su libro A Lexicon of Terror, de 1998. En esa entrevista, Emmanuel justifica: ´La violencia era necesaria para abrir la economía proteccionista, estatista´ de Argentina”.

“De aquella época en Burson Marsteller solo queda hoy el octogenario fundador, Harold Burson, quien en una reciente entrevista explicó cuál es la especialidad de su empresa: ´Una agencia de publicidad compra espacios en los medios para dar un mensaje directo. Nosotros nos dedicamos a generar espacios de influencia. Ya sea a través de personas o de medios. Nuestro objetivo es narrar la historia de nuestros clientes de modo de imponerse sobre sus críticos y que las cosas se miren desde nuestro punto de vista´”.

“El mismo día que llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Buenos Aires, la revista Para Ti publicó en tapa el falso reportaje titulado ´Habla la madre de un subversivo muerto´. Cinco páginas, varias fotos y un argumento: una Madre desacreditaba las denuncias de las Madres´. La habían llevado a una peluquería, le compraron ropa y la trasladaron a la confitería Selquet”, en Nuñez, para la nota. Firmó Eduardo Scola y Tito La Penna tomó las fotografías. Ambos declararon como testigos en la causa sobre el delito de esta entrevista fraguada. Thelma no supo qué habían hecho con ese reportaje mientras estuvo secuestrada ni hasta mucho tiempo después de ser liberada. Se enteró el 7 de diciembre de 1979.

Daniel, su otro hijo había vuelto a la Argentina en el marco de la denominada contraofensiva. Fue detenido y en la puerta de la cárcel mientras ella hacía fila para verlo, un familiar de otro detenido le gritó “Traidora”. La nota de la revista Para Ti había cumplido su cometido.

Burson Marsteller siempre fue eficiente. En 2013 fue nombrada Agencia Latinoamericana del Año por la publicación especializada en marketing The Holmes Report.

La primera denuncia contra Para Ti, la familia –vueltas de la vida, patrocinada por Alberto Fernández- la presentó en 1984, pero las leyes de obediencia debida y de Punto Final archivaron la demanda. Décadas y cambio de políticas después en el juzgado de Sergio Torres no sólo prosperó la denuncia contra el directorio de Editorial Atlántida, sino que la causa se convirtió en la punta del iceberg. Apelaciones mediante, el periodista Agustín Botinelli pudo eludir varias indagatorias hasta este año cuando luego de hablar fue procesado el entonces editor responsable de la publicación. “Es la primera vez en Argentina que un periodista, que fue parte del aparato de encubrimiento, del operativo de inteligencia y de acción psicológica de la represión, es procesado”, indicó el abogado Pablo Llonto, representante legal de Thelma Jara.

Quien no faltó a ninguna de las dos indagatorias fue Vicente Gonzalo Massot. El 20 de noviembre -luego de que la cita debiera ser pospuesta por una triquiñuela del juez que tuvo antes la causa, Santiago Ulpiano Martínez, contra Álvaro Coleffi, quien actualmente la lleva adelante- a las 7 de la mañana, el dueño de La Nueva, como se llama ahora La Nueva Provincia, llegó con la altivez y elegancia de siempre a Lamadrid 62, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal local. Se encontró allí con su abogado Rubén Diskin.

Massot está acusado de integrar “junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, para lo cual habría contribuido desde sus medios “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales órdenes”. Está imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, “instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos” y haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas. En criollo: acción psicológica y autoría intelectual o complicidad en asesinatos.

Dentro de las oficinas, Massot hizo lo mismo que la vez anterior. Hizo la puesta en escena acerca de que la “memoria de mi madre no será mancillada”, pero volvió a tirarles todo el balde de lodo a la difunta Diana Julio de Massot y a su fallecido hermano Federico: “Ellos manejaban todo”, se defendió. Parece práctica acordada. La famosa periodista Renée Sallas, quien se cansó de firmar en Atlántida notas panegíricas de los personajes de la dictadura, cuando fue citada a declarar en la causa Jara, no hizo otra cosa que culpar de todo a uno de los Vigil, al muerto.

Massot está judicialmente complicado: se mantuvo en lo suyo, pero la prueba documental hallada y procesado entre la primera y esta indagatoria lo complica notablemente. Como lo explica con la precisión de siempre el periodista Diego Kenis en su nota de la agencia Paco Urondo: “el empresario no logró rebatir documentos hallados en el curso de la investigación e incorporados a la causa poco después de su declaración de abril. Los más contundentes son los que pertenecen al archivo contable de la empresa, secuestrados en el allanamiento del 8 de ese mes y analizados por la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), que el 25 de abril concluyó que el imputado se desempeñaba ´en forma permanente´ en el diario en 1976 y que cumplía el rol de editorialista, de los principales en su estructura periodística. Además, en los archivos consta que entre septiembre y noviembre de ese año tuvo ´asistencia completa´. Los datos desmienten no sólo su ausencia de la ciudad en 1976 sino también sus afirmaciones respecto a que recién en 1977 comenzó a trabajar en la empresa familiar.

En el caso específico de los obreros gráficos asesinados, a ese corpus se agregan un poder firmado por su madre que certifica que a Massot le fue encomendado en 1975 ´todo trato con el personal´ en conflicto con la patronal y una decena de actas notariales que avalan que los encuentros con los delegados gremiales no fueron excepcionales, como pretendió explicar el 18 de marzo en una declaración de carácter espontáneo, sino frecuentes”.

En el mismo momento en que Massot caminaba arrogante hacia el despacho del juez, el propio Coleffi se enteraba, “casualmente” a través de LU2, la radio de Massot, que el magistrado Martínez lo había denunciado penalmente por la filtración al programa La Brújula de Bahía Blanca de las escuchas de la causa contra Juan Suris, este supuesto narco ex novio de la vedette Mónica Farro. La Cámara ya había hecho un movimiento sospechoso: habían corrido a Coleffi –un cuadro judicial de 20 años de actividad en el área penal- al ámbito de las causas tributarias. Se olía que Coleffi había empezado a molestar al establishment bahiense, aunque no sólo. Es decir, desde el entorno del juez que acusaba a otro de filtrar información a los medios, filtraban a LU2 el dato de la denuncia penal a un magistrado que empezó a ser molesto por eficaz.

Inevitable pensar en los teros, que chillan en un lado, pero lo que les importa es lo que está en otro. Suris + Fariña=Lázaro Báez, dice la lógica lanatesca. Las filtraciones a los medios empezaron en enero, pero preocupan recién cuando Massot está a punto de ser procesado.

Todas las fuentes confiables de la justicia bahiense (pocas) dicen que Coleffi se puede animar. Tienen razones para ser tan categóricos. Mientras otros dilapidaron tiempo, él buscó al ex capellán Aldo Vara (quien confesó que recomendaba a los cadetes del Ejército no contar nada sobre las sesiones de tortura), imputado por delitos de lesa humanidad, hasta debajo de las baldosas. Trabajó con Interpol y lo encontró. Estaba en Paraguay y desde allí lo trajo para acusarlo. Había estado ocho meses prófugo gracias a la cobertura brindada por la jerarquía eclesiástica, la que le hacía llegar los cheques de su sueldo como cura gracias al arzobispo bahiense Guillermo Garlatti. Coleffi, además de hallar a Vara hizo otro movimiento: indagó y procesó a Garlatti. Jaque a la iglesia de la dictadura. Parece que para los poderes civiles, este juececito ya había ido demasiado lejos.

Los detalles y vericuetos los cuenta bien el periodista de Página 12 Diego Martínez, otro obsesivo de una movida jurídica de la que no todos, lamentablemente, terminan de comprender su importancia política: “La denuncia por encubrimiento la formularon los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani al día siguiente de la captura de Vara, luego de certificar en la curia que nunca había dejado de cobrar su jubilación. El juez subrogante Santiago Martínez había dejado pasar una semana, delegando la causa en el fiscal Antonio Castaño y diez días después de la denuncia autorizó el allanamiento al arzobispado. Ante la licencia de Castaño, lo reemplazó el fiscal Alejandro Cantaro. Ambos fiscales insistieron sin suerte con los pedidos de indagatoria ante Martínez, que también se tomó licencia. El lunes lo reemplazó Coleffi, quien analizó las pruebas acumuladas y de inmediato fijó la fecha de las indagatorias. Mientras Martínez disfrutaba de las Rutas del Vino en España con otros colegas de la justicia bahiense, Coleffi ubicó a Vara y tomó medidas contra el arzobispo”.

Martínez ha sido uno de los jueces que más obstruyó el avance de las causas de lesa humanidad con imputados civiles. Estos días se hizo un poquito más famoso por procesar al periodista Germán Sasso, director del portal La Brújula, el que puso al aire las escuchas en Bahía que ya en el verano repetía hasta el cansancio TN.

A este magistrado le gusta el rugby y la buena comida. Hasta ahí, sólo se lo puede acusar de sibarita. Pero los organismos de DDHH de Bahía Blanca no se detienen en eso, sino en que siempre ha demorado las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad.

Como indica la crónica de Infobae, Martínez es “egresado de la Universidad de Buenos Aires, ingresó a la Justicia en 1981, en plena dictadura, como auxiliar en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 22. Su protector fue el ex juez federal Luis Armando Balaguer, condenado a prisión por varias estafas y falsificación de documentos. En 2009 pasó de secretario del juzgado federal 2 a juez subrogante en el 1. Ese Juzgado tiene fama de beneficiar a represores desde que en los 70 su titular era Guillermo Madueño, quien llegó a estar preso por su rol durante la dictadura, luego de que estuviera prófugo. Alcindo Álvarez Canale, el predecesor de Martínez, también renunció en medio de denuncias por complicidad con represores, y se tuvo que apartar en la causa que investigaba a la Armada luego de que denunciaran que su esposa fue personal civil de esa fuerza en los años de plomo”.

Martínez fue cuestionado, además, por negar la imputación de 70 militares acusados de cometer delitos sexuales durante la dictadura, por posibilitar la fuga del coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, por favorecer a Vara y por rechazar los pedidos de indagatoria a Massot y al fallecido jefe de redacción en los 70, Mario Gabrielli.

Pero el CV de Martínez no termina allí. Hasta la Presidenta se refirió a este juez: vía twitter, Cristina Fernández lo fustigó duro –y con razón- cuando otorgó una cautelar al grupo Clarín para que la AFSCA no pudiera llevar adelante la reorganización de la grilla. Y, memoriosa como es, recordó que fue él quien rechazó el pedido de extradición que Francia había hecho para juzgar a Alfredo Astiz por las desapariciones de las monjas Leónie Duquet y Alice Domon.

Ahora, la última jugada de la que participa Martínez es su denuncia penal contra Coleffi para quebrarlo y para que no avance en la causa Massot. El otro pedacito del andamiaje es que de los expedientes que tenía Coleffi se ocupe una jueza que no tiene la más mínima experiencia profesional en delitos de lesa humanidad: Ana María Araujo, hija de Ricardo Araujo represor de la Armada con procesamiento firme por casi 60 crímenes y al borde del juicio oral y, para más pornografía en la operación, cuidadora y responsable del detenido.

Hay algunos que somos paranoicos y conspirativos. Pero es porque tenemos enemigos y porque la realidad pone en evidencia la conspiración. No hay que ser muy astuto para darse cuenta de que este movimiento de tentáculos implica acorralar a un juez para debilitarlo y que sus opciones sean o hacerse a un lado y no procesar a Massot o atreverse y que se agilice una denuncia en su contra que puede correrlo de la vida judicial.

Como diría Rodolfo Walsh en su magnífico Rosendo, la “historia superficial” de lo que estamos contando es el procesamiento de un gris periodista de apellido Botinelli y la investigación que recae sobre bastante más poderoso y provocador Massot. Pero su “tema profundo” es el encadenamiento de complicidades, sociedades, amistades, lealtades y hermandades de los medios de comunicación más poderosos con lo más rancio de la dictadura; lo que es lo mismo que decir, la posibilidad de que recaiga sobre el verdadero poder algo del peso de la Justicia.

Tanto movimiento nauseabundo tiene una sola motivación: el periodismo de infantería empezó a ser acorralado y obligado a sentarse en el banquillo. Su tarea fue a largo plazo y engarzada con el resto de los poderes permanentes. Su objetivo no fue conquistar o someter por la fuerza un territorio. Fue más sutil, más penetrante, más completo. Intentaron que creyéramos su verdad. A los medios que emplearon para extender esa verdad se les suele llamar guerra psicológica. Y no hay que asustarse del término. Asustémonos por lo que hicieron y animemos a quienes pelean por sentarlos para que den cuenta de para qué y cómo trabajaron por ganar nuestras mentes y voluntades.