Papel de lesa humanidad
Por Mariana Moyano
Editorial SF 14 de Marzo 2015
Todavía la Argentina no debatía ni el rol ni la propiedad de los medios
de comunicación, ni había conciencias semiologizadas y alertas en casi
cada ciudadano, ni se había extendido la idea de que poder y gobierno no
necesariamente eran lo mismo, ni se había puesto -o se había colocado a
sí mismo- el Poder Judicial en el centro del debate nacional y
muchísimo menos se hablaba con naturalidad de cómo habían sido civiles
los ideólogos del plan que ejecutaron, codo a codo para satisfacción de
las corporaciones económicas, los represores de uniforme y los miembros
de la patota. Apenas si el kirchnerismo –que aún no era tal cosa- había
dado sus primeras pinceladas con la cadena nacional del Presidente para
dar cuenta de cómo lo extorsionaba la Corte de la mayoría automática,
con una discusión cara a cara con el pliego de condiciones que José
Claudio Escribano le había enviado desde la tapa de La Nación a la
primera magistratura del país, con la orden de bajar los cuadros y con
algunos otros gestos que iban recién mostrando el tallado del
movimiento. Empezaba el forcejeo –eso sí se notaba- pero los poderosos
de siempre se mantenían en su posición de saberse triunfadores de
cualquier batalla a la que fueran desafiados.
Era en ese contexto, que los medios –incluso los de derecha- se daban el
lujo todavía de jugarla de poseedores de un costadito progre. Porque
aún tenían esa capacidad perversa de fagocitar lo revulsivo,
introducirlo en sus propias entrañas y escupirlo edulcorado; de volver
lo antisistémico, inofensivo. Aún no había sido impugnado el corazón de
su razón de ser. Todavía podían posar, darse esa manito de pintura que
los hacía presentables y jugar a la democracia de utilería.
Porque en nuestra Nación, decir todavía no implicaba empeñar la palabra,
es que el diario La Nación se daba algunos permisos, como el de
quitarse cierta solemnidad y de celebrar actitudes discordantes con su
propia historia.
El domingo 4 de septiembre de 2005 el diario escribió sobre Daniel
Rafecas. “El juez que revisa el pasado reciente”, fue el modo en que lo
describieron desde el título. “En Tribunales –contaba La Nación- todos
hablan de él. Y algunos hasta lo comparan con el juez español Baltasar
Garzón. Pero Rafecas tiene una particularidad: nadie, excepto algún que
otro procesado por él, habla mal de este magistrado. Aunque se lo
intente, las anécdotas que relatan sus colegas, colaboradores, allegados
o abogados del foro lo pintan, sencillamente, como un tipo normal. Un
estudioso y laburante que, después de mucho esfuerzo, llegó al cargo que
siempre soñó.
Como consecuencia de la anulación de las leyes de punto final y
obediencia debida, ordenó la detención de diez policías federales,
cuatro gendarmes y un agente del Servicio Penitenciario Federal que
durante la última dictadura habrían cometido violaciones a los derechos
humanos en la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército. Y, convencido de
que hay otras formas de pensar y aplicar la ley penal, llevó a tres
supuestos skinheads menores de edad que atacaron a un chico judío a
recorrer la Fundación Memoria del Holocausto, donde les dio una clase
sobre racismo en lugar de encerrarlos en un instituto. Su trabajo más
ponderado lo hizo como titular de una comisión que creó el ex procurador
general de la Nación Nicolás Becerra para investigar los procedimientos
fraguados por la Policía Federal con el fin de mejorar las estadísticas
de la fuerza y así, supuestamente, reducir la sensación de inseguridad.
(…) Quizás todo cambie con el correr de los años pero, hasta el
momento, el juez Rafecas no es más ni menos que un tipo normal”.
Rafecas había sido designado en octubre de 2004 y sus pares fueron los
entonces nuevos jueces federales Ariel Lijo, Guillermo Montenegro y
Julián Ercolini. Había llegado –nombrado por la Cámara Federal- para
ocupar el juzgado federal Nº 9, el que tenía a cargo Juan José Galeano
cuando fue destituido. El entonces camarista Gabriel Cavallo había dicho
de Rafecas: "Es uno de los jueces más preparados".
Toda esta catarata de elogios hacia Rafecas tuvo un freno anterior a su
desestimación de la denuncia de Natalio Alberto Nisman contra la
Presidenta Cristina Fernández. Fue en 2010 cuando se atrevió a lo que
nadie se había animado antes: ligar, vincular, poner en un mismo
mosaico, delito económico y crimen de lesa humanidad. “Existen distintos
elementos que determinan la conclusión de una clara inescindibilidad
entre los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieran por
víctimas a una serie de personas vinculadas con la firma Papel Prensa y
la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia
presuntamente compulsiva de acciones de esa empresa que se encontraban
en propiedad de la familia Graiver”, había escrito Rafecas en una de sus
sentencias. Fue el 7 de julio de 2010. La guerra ya era declarada y se
habían borrado los márgenes para la hipocresía y “los como si”. “Se
vincula la compra de acciones”, había escrito el juez “con la dictadura”
y había sostenido en su fallo también que “la existencia de acuerdos
entre los diarios entre los cuales se encontraba el de no publicar nada
que atentase contra la Junta Militar”.
La Argentina se empeña en hacernos vivir historias que o son circulares o
nos muestran cuán anclados están algunos al protagonismo de los
sucesos. El juez Lijo ha pasado a ser uno de los mejor considerados por
las plumas de los poderosos desde el momento en que es quien tiene en
jaque al vicepresidente Amado Boudou. Con Guillermo Montenegro nadie que
escriba y hable en los medios que comandan la oposición se mete porque,
en primer término, es funcionario del candidato que les conviene y en
segundo lugar, porque les hace de vocero con todo gusto. Gabriel Cavallo
ha dejado el Poder Judicial para convertirse en uno de los abogados
personales de la mismísima Ernestina Herrera de Noble.Y Julián Ercolini,
pues ¿qué decir?, ha llevado estos días la connivencia jurídico
mediática a extremos –incluso para conocedores del tema- aún hoy
sorprendentes.
El titular del Juzgado Federal 10 no necesitó ni 24 horas para
sentenciar que no iba a tomarles declaración indagatoria a Herrera de
Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, al abogado Juan Gainza Paz y al
ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura Raymundo Pío
Podestá. Cuando todavía teníamos la piel erizada por la impunidad con
que el juez de Bahía Blanca Claudio Pontet había dictado la falta de
mérito a Vicente Gonzalo Massot, luego de la abrumadora prueba
presentada por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani contra el
dueño de La Nueva Provincia. En el mismo contexto en que la Sala IV de
la Cámara Federal de Casación Penal resolvió también la falta de mérito
del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, y el
entonces gerente administrativo de la empresa, Alberto Enrique Lemos,
Ercolini sostiene que no había respaldo legal suficiente para sospechar
que hubo irregularidades en la adquisición de la empresa Papel Prensa
por parte de los diarios La Nación, Clarín y La Razón a la familia
Graiver/Papaleo.
Al accionar de Ercolini, ninguno de los dos periódicos involucrados lo
encontraron “exprés”. Muy por el contrario. Fue descripto como el
“rechazo” de “el juez” frente a las “presiones del kirchnerismo sobre la
prensa” y a lo demandado por “un fiscal”, “Gómez Barbella, de la
agrupación K Justicia Legítima”. Lejos de las descripciones que recibió
Leonel Gómez Barbella de ser “fiscal K”, de sugerir que había sido
nombrado en el cargo casi al borde de lo ilícito y de poner en tela de
juicio su recorrido en el Poder Judicial, de Ercolini hicieron una
semblanza que lo coloca cerca del bronce y llegaron a utilizar al híper
mediático abogado y diputado massista Mauricio D´Alessandro como cita de
autoridad para cuestionar el pedido del fiscal federal que se atrevió a
una de las jugadas más fuertes contra los dueños de la construcción de
sentido común en nuestra patria. Y, por supuesto, Ricardo Kirshbaum no
eligió hablar de fallo “muy veloz” ni de excesiva “premura para un caso
muy complejo”, como sí lo hizo el viernes 27 de febrero cuando cuestionó
la decisión adoptada por Rafecas de enterrar por improcedente la
presentación de Nisman vía la jugada de Gerardo Pollicita.
Entre aquellas loas a Rafecas en aquel diario La Nación que podía
permitirse el cinismo porque la política todavía estaba arrinconada y el
fallo de Ercolini circularon poderosísimos torrentes de agua sanadora
bajo los puentes de la historia construida recientemente: Toda la
discusión, la aprobación, la sanción, la reglamentación y la aceptación
por parte de la Corte Suprema de la constitucionalidad de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual; la elaboración, y publicación del
Informe Papel Prensa, La verdad; la presentación en la Justicia de
Lidia Papaleo en tanto querellante por los padecimientos sufridos para
ser obligada a vender sus acciones de Papel Prensa y el hallazgo de los
papeles que hacen las veces de eslabón perdido entre el delito económico
potencialmente prescriptible y el crimen de lesa humanidad que no deja
de ser perseguido: las Actas de la Junta Militar halladas en el edificio
Cóndor junto con las de la Comisión Asesora Legislativa –con que la
dictadura reemplazó al Congreso- y las reglamentaciones internas de la
Comisión Nacional de Valores, por donde pasó todo el ir y venir de Papel
Prensa debido a que se trata de una empresa que cotiza en bolsa.
Cuando Lidia Papaleo alzó su voz para que todos conocieran su
padecimiento físico y psicológico aún se encontraban del otro lado de la
verdad estas actas y documentos de la Junta que muestran la obsesión de
los más altos jefes de la dictadura por los bienes de los Graiver. El
punto 4 del acta 5 del 15 de septiembre de 1976 dice textualmente: “Caso
Graiver: se tomó conocimiento de los antecedentes y se les dio giro al
Señor Ministro de Economía”. El anexo 1 del acta 8 marca las “pautas
referentes a la disposición de los bienes de los inhabilitados”.
A partir del acta 14, de los primeros días de noviembre de 1976, la
mismísima Junta Militar -la conformada por quienes eran los dueños y
decisores de los destinos de cualquiera que habitara el suelo nacional-
comienza a mostrar y a dejar por escrito la primera muestra de la
existencia de un poder por encima del poder de uniforme. En esos
documentos dejan asentadas ciertas preocupaciones por el comportamiento
de los “nuevos dueños” de la empresa Papel Prensa. No es habitual ver
con firma de puño y letra de Jorge Rafael Videla y de Emilio Eduardo
Massera papeles que indiquen que había otros que podían tener hasta más
poder que éstos de uniforme de cuyas decisiones dependía el seguir o no
existiendo de millones.
Dos muestras documentales más de cómo las cúpulas empresariales
funcionaban como la patronal del proceso dictatorial son las siguientes:
En el libro “La dictadura del capital financiero”, un trabajo que buceó
en las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, se relata que
en el “acta 688 del 22 de junio de 1978, se cita al Directorio de Papel
Prensa para que aclare la colocación de acciones y puesta a disposición
de revalúo autorizado por resolución 3763. En julio de 1978, en acta
691, el General Cassino informa que el 4 de dicho mes concurrieron
directivos de Papel Prensa a la CNV, Dres Laiño, Aranda y el Capitán
Perernau a “quienes se le hizo notar que la publicidad que había
efectuado la empresa no se ajustaba a lo convenido en oportunidad de
dictar la resolución 3763”. Es decir, que la empresa Papel Prensa ya
vendida a La Nación, La Razón y Clarín no sólo se daba la licencia de
incumplir con lo establecido por el organismo comandado por miembros de
las Fuerzas Armadas, sino que aquella CNV les manifestó su malestar
frente al incumplimiento pero estuvo muy lejos de llamarlos al orden con
rigor o de apercibirlos, como se hubiera hecho con cualquier otra
empresa y, ni que hablar, de pasar a mayores, como sí lo hubieran hecho
con cualquier otra empresa.
El otro increíble ejemplo de poderío por sobre el poder absoluto de la
Junta es el relatado -en una de las actas de la CAL que aparecieron
junto con toda la documentación del el edificio Cóndor- por el entonces
capitán de Navío Alberto D´Agostino, designado por decreto 2414/77 como
representante del Estado (de aquel Estado de mano de hierro) en el
directorio de Papel Prensa. Si no fuese la más cruda realidad, lo
relatado por D´Agostino daría lugar a un guion de ficción de éxito
asegurado. Relata, según consta en ese acta: “A poco de iniciarse las
gestiones, como es de conocimiento de Su Excelencia el señor ministro,
se planteó la interpretación del alcance del punto 7 del decreto 2414,
al decidir el suscripto con su conocimiento y aprobación asistir a las
reuniones de Directorio. Ello motivó que se suspendiera la reunión de
ese día para estudiar por ambas partes el problema. Con fecha 30 de
agosto se realizó la misma y ante el mantenimiento por parte de los
señores Ricardo Peralta Ramos, Bartolomé Mitre y contador Héctor
Magnetto, de la posición de no permitirme el acceso a la misma, el
suscripto levantó un acta ante escribano público dejando constancia de
la situación. Atento a lo expuesto y acorde con las directivas recibidas
al respecto, se trasladó este problema a ese Ministerio”. Que se
entienda: en pleno 1977, cuando las detenciones seguidas de tortura y
desaparición estaban en su pico más elevado; en medio del momento de
mayor brutalidad criminal de la dictadura, los representantes de los
tres diarios se dan el permiso de impedir al representante de la Junta
Militar de que participe de una reunión de directorio de una empresa de
la cual el Estado es parte.
Ya en 1950 el papel para diario era un problema en debate. En ese
entonces era el Estado quien concedía los permisos de importación y
fijaba las cuotas de compra. Por aquellos años, el diario de los Mitre
adquiría 8.388 toneladas de esa materia prima y ocupaba el tercer lugar
en importador luego de La Prensa y de El Mundo.
Juan Carlos Onganía creó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de
Papel y Celulosa (decreto ley 18.312 de agosto de 1969) y con esa
medida todos los diarios pagaron durante una década el 10% de sus
importaciones. El dinero estaba destinado a la creación de una fábrica
de papel. Alejandro Agustín Lanusse determinó que la empresa debía
poseer un 51% de capital argentino y que el Estado aportaría la otra
parte. Se llamó a concurso y luego de declararlo desierto, Lanusse
adjudicó la parte privada a Civita, Doretti y Rey. Para 1976 David
Graiver ya controlaba el 80% de las acciones clase A. En aquel más que
confuso episodio, Graiver muere en lo que fue denominado un accidente de
avión.
La historia que sigue es ahora más conocida. Lidia Papaleo, viuda de
Graiver, es “invitada” junto con Juan (el padre de David) e Isidoro (su
hermano) a una reunión en el coqueto edificio que La Nación poseía en la
calle Florida para encontrarse con Mitre, Patricio Peralta Ramos, de La
Razón, y Magnetto. Allí es donde la convencen de vender, con el sutil
argumento de que en juego estaban nada menos que su vida y la de su
hija. Luego del traspaso de las acciones, todo el grupo Graiver es
detenido por la policía de Ramón Camps y Lidia es torturada por el
propio Miguel Etchecolatz.
Como contara Jorge Lanata en el diario Crítica: “Los Graiver ni siquiera
cobraron la cesión de las acciones. Gracias a gestiones de la
dictadura, los diarios lograron dos créditos: del Banco Español del Río
de la Plata y del Banco Holandés Unido sucursal Ginebra, por 7.200.000
dólares, a sola firma y sin avales. Años más tarde, ante el fiscal de
Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, Magnetto declaró que el
préstamo tuvo un aval de una papelera internacional, pero se negó a
ratificarlo por escrito a pedido del fiscal”.
Hay un dato de una perversidad pasmosa y es el que muestra el detalle
con que se llevó a cabo la apropiación de la empresa. Los tres diarios
que iban que quedarse con la fábrica y la Junta Militar debían cubrirse
en lo formal y crear una falsa legalidad para enfrentar posibles
inconvenientes en el futuro: este presente, sin ir muy lejos. Para
lograrlo necesitaban que Lidia Papaleo realizara la cesión –bajo
coerción, bajo amenaza y con todo el rigor que hiciese falta- en
situación de libertad formal. Por una sencilla y única razón: La
dictadura había creado la CONAREPA, un organismo llamado Comisión
Nacional de Recuperación Patrimonial al que iban a parar los bienes de
todos aquellos signados como subversivos. Los diarios debían evitar que
Papel Prensa pasara a ese fondo para que otros no les disputaran el
botín. Necesitaban el traspaso directo. Esa es la razón por la cual el
grupo Graiver fue secuestrado con posterioridad a la formalización de la
operación irregular, ilegítima, sucia y sin el consentimiento de la
familia, pero con las apariencias de legalidad que le dan a Ercolini hoy
las vergonzantes excusas para hacerse el gil.
Por si no alcanzara con todo esto, Papel Prensa nos debe a todos los
ciudadanos el subsidio de energía eléctrica que recibe por parte del
estado provincial y muy especialmente indemnizaciones a los ciudadanos
de la zona de San Pedro porque según la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UBA “los valores hallados en la muestra de agua
analizada exceden los límites admisibles para descargas de efluentes
líquidos de acuerdo a lo establecido por la Resolución 336/03 de la
autoridad de la provincia de Buenos Aires”.
Presionan, roban, mandar torturar y matar y encima contaminan.
Argentina –y el mundo, si me permiten- vive un momento particular. El
capital, el poder del dinero, los verdaderos dueños del poder real,
están jugando una de sus pulseadas más importantes frente a los Estados
que intentan ser soberanos. En nombre de eso es que deben pensarse
algunas situaciones. El caso de Papel Prensa es uno de los ejemplos más
claros de eso de lo que estamos hablando.
Vamos a corrernos por un momento de la conmoción humana. Voy a hacer de
cuenta que jamás vi los ojos de Lidia, que nunca tuve su mirada directa a
la mía, sencillamente porque quien alguna vez se hundió en sus espejos
de agua no puede sino quedar conmovido para siempre. Pero voy a hacer el
ejercicio de correr esos ojos de mi reflexión; de hacer a un costado la
sacudida que implica conocer los detalles de lo padecido por el grupo
Graiver en sus propios cuerpos. Y voy a invitar a quienes se preocupan
de lo que el Estado “gasta”; a los liberales que tanto estremecimiento
les produce lo que se va por las “canaletas” y a hablarles a ellos:
olviden a Lidia y a Osvaldo Papaleo y a su clamor, sigan defenestrando a
Guillermo Moreno y a su esposa por su informe Papel Prensa La Verdad,
mantengan el odio por Néstor y Cristina Kirchner y oigan otras voces:
“Papel Prensa es uno de los casos de corrupción más graves de la
historia argentina. Pone de manifiesto las relaciones y procedimientos
empleados por los grandes grupos de poder”. Ningún K dijo esta frase. La
escribió el fiscal Ricardo Molinas en su libro “Detrás del espejo”.
“Crónica se editará, dentro de pocas semanas, con el papel más caro del
mundo”. Ningún pingüino escribió esta declamación. La firmó el 8 de
octubre de 1986 en la tapa del vespertino su propio dueño, Héctor
Ricardo García.
“Se regaló Papel Prensa sólo a tres diarios. Luego se elevó el arancel
de importación de papel a 48% para que no hubiera otra escapatoria que
comprarle a esa fábrica a precio exorbitante. Cuando bajó el arancel,
con los radicales, y el precio bajó, Papel Prensa no le vende a nadie. A
precio bajo sólo se benefician los dueños”. Ningún funcionario sostuvo
esta apreciación. La escribió el creador de Ámbito Financiero, Julio
Ramos, en su libro “Los cerrojos a la prensa”.
No se trata en esta historia de ser kirchnerista o no serlo. Se trata de
no ser zonzo y de entender que durante la dictadura, para quedarse con
nuestras vidas, nuestras cabezas y nuestro dinero hicieron “falta –como
escribió Juan Gasparini en “El Crimen de los Graiver”- periódicos y
revistas dóciles que se sumaran al concierto de la obsecuencia mientras
detrás del escenario se consumaba la carnicería social, política y
económica”. De eso estamos hablando cuando nos adentramos en la
tenebrosa historia de Papel Prensa.
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