La voz del poder.
por Mariana Moyano
Editorial SF del 21 de Marzo de 2015.
El 14 de julio de 2011 el Centro de Estudios Legales y Sociales enviaba
una carta al juez Daniel Rafecas, por ese entonces a cargo de la causa,
en la cual hacían saber su preocupación respecto del comportamiento y
los pareceres hechos públicos del fiscal Carlos Alberto Rívolo.
Por estos días de Partido Judicial actuando a diario y con todas las
licencias y potestades a su cargo, las lecturas de estos textos del
pasado reciente no sólo acomodan los trozos de memoria colectiva que se
van construyendo, sino que ayudan a ubicar las piezas que creíamos
sueltas de un rompecabezas que cada hora dibuja con mayor claridad el
mapa completo.
En aquel texto, la entidad defensora de Derechos
Humanos le planteaba al magistrado lo siguiente: “Tenemos el agrado de
dirigirnos a usted a fin de manifestar nuestra preocupación por algunas
expresiones vertidas en el dictamen del Sr Fiscal Carlos Alberto Rívolo,
efectuado en fecha 27 de junio de 2011, en la causa 1875/09 Martínez de
Hoz, José Alfredo; Reynal, Alejandro; y Reynal, William sobre delitos
de lesa humanidad”.
“En primer lugar, llama la atención el
tiempo transcurrido desde el momento en que el Sr. Fiscal tomó
conocimiento de la denuncia y el dictamen de desistimiento realizado.
Por otra parte, queremos expresar nuestra inquietud por los términos
utilizados por el funcionario en su resolución para justificar el no
sostenimiento de la acción. El Sr. Fiscal utiliza expresiones como ´es
sabido que el único plan sistemático de la dictadura consistía en
aniquilar la subversión tal y como expresamente lo reconoció, lenguaje
sembrado y heredado además del gobierno antecesor cuando creó la
desgraciadamente famosa fuerza paramilitar conocida como Triple A´, que
reproduce un lenguaje y una terminología propios de aquella época. A más
de 30 años de vida democrática y las sentencias recaídas en el marco
del proceso de verdad y justicia que avanza en el país, esta
manifestación significa un fuerte retroceso”.
Dos meses antes de
esta carta había ocurrido un hecho nada menor en el cambio que empezaba
a darse para erradicar la idea de dictadura militar y asentarle bases
sólidas al paradigma más exacto, más preciso y más riguroso con lo
ocurrido hace 40 años de nuestro país: ése que da cuenta de cómo los no
uniformados no fueron ni acompañantes, ni cómplices y, las más de las
veces, ni socios, sino ideólogos de lo que sucedió en aquellos años
oscuros; y el mismo que explica que muerte, cama de tortura y
desaparición tiene vinculación directa con empresas, patria financiera,
dinero y poder.
En mayo de 2011, el entonces secretario de
Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se había presentado
en nombre del Estado Nacional como co-querellante en la causa que
Eduardo E. Saiegh había iniciado por su detención ilegal y las torturas
sufridas y por las cuales pedía la detención de Martínez de Hoz y
Alejandro Reynal, acusados de ser los autores intelectuales del
secuestro del empresario.
Saiegh decidió dar cuenta de su “caso”
a través de un blog que se ubica con facilidad en la web. En él cuenta
que “El 31 de octubre de 1980 fue un día bisagra en mi vida, cuando la
dictadura cívico militar me produjo una profunda y grave inflexión en el
devenir de mi vida.
Ese día fue violentamente secuestrado “por
una comisión de más de 30 parapoliciales y salvajemente torturado
durante 7 días para que confesara ´voluntariamente´delitos inexistentes
en el Banco Latinoamericano (BLA) del cual aún soy propietario, con el
objetivo de que el Banco Central justificara su arbitraria e ilegal
´autoliquidación´para poder materializar la estatización de Austral
Líneas Aéreas que ya había sido resuelta por decreto 1922/80 del 22 de
septiembre de 1980”.
“Este grave delito de Terrorismo de Estado y DDHH del que fui
víctima propiciatoria en octubre de 1980, fue planeado desde el BCRA con
el objetivo de desapoderarme de mi banco y hacer desaparecer -del
tesoro del BLA- las acciones de Makin S.A., empresa controlante de
Austral Líneas Aéreas, y los comprobantes de su deuda por más de 7
millones de dólares que tenían con el banco, garantizados por la caución
de dichas acciones”.
“Dichas acciones las necesitaban -sí o sí-
para poder transferirle la compañía aérea al Estado Nacional con un
pasivo de más de 200 millones de dólares, y poder estatizarla de acuerdo
al decreto 1922 del 22 setiembre de 1980, tramitado en 48 horas, a
pedido de los accionistas de Austral por nota formal al entonces
ministro de Economía y jefe civil de la dictadura, José Alfredo Martínez
de Hoz”.
“Para lograr esto se falsificó una denuncia anónima en el
BCRA, y se dio su traslado inmediato a las fuerzas parapoliciales
pidiéndoles -según consta en las actuaciones- mi detención y el
allanamiento de domicilios a la autoridad “política” de la Policía
Federal, a través de su División Bancos”.
“La estatización de
Austral resultó una real estafa fraudulenta para el Estado Nacional, tal
como el fiscal Ricardo Molinas lo denunciara ante la justicia federal
penal en 1984, y también es un delito penal imprescriptible cometido por
el gobierno de facto contra mi persona y contra mis bienes -por estar
incluido en la caracterización de Terrorismo de Estado”.
“Mi
secuestro, torturas y extorsión tuvieron el objetivo de “ablandarme”
para lograr autoincriminaciones y confesiones falsas con el objetivo de
desapoderarme y robarme el BLA y, por ende, quedarse con las acciones
caucionadas de Austral. Para lograrlo necesitaban quebrarme en todos los
aspectos y, finalmente, liquidarme físicamente”
“Lo económico lo
lograron, pero el quiebre moral -a pesar de los terribles tormentos
sufridos- nunca pudieron conseguirlo ya que logré soportar las
torturas.El 7 de noviembre de 1980, por una situación fortuita del
destino, pude negociar mi vida con mis secuestradores y me salvé de una
muerte segura”.
“Desde entonces inicié una lucha sin cuartel en
todos los frentes legales para reivindicar y denunciar -a nivel nacional
e internacional- el arrasamiento de todos mis derechos más elementales y
humanos”.
En el 2004, el Estado nacional a través del secretario
Eduardo Luis Duhalde, emitió una resolución reconociendo al ‘Caso
Saiegh’ como de Terrorismo de Estado agravado por la condición de judío
de la víctima.
Así funcionó el genocidio: la muerte y tortura en
tándem con –y con el objetivo de- la transformación completa de las
bases económicas y culturales de la Argentina.
El así llamado
“caso Saiegh” es uno de los que ha logrado mayor visibilidad y,
probablemente, uno de los más conocidos. Pero está lejos de ser el
único: Acindar o Papel Prensa son –por citar sólo los más emblemáticos-
dos ejemplos más de cómo la maquinaria tuvo eje en la dimensión
económica de la represión.
La noción de “dictadura militar” se
ha ido desgastando y gracias a posibilidades de aperturas y
complejizaciones que permiten dar cuenta con mayor exactitud de lo
sucedido, se han ido agregando actores a la definición: el bloque civil,
los empresarios y la Iglesia. Como indican Horacio Verbitsky y Juan
Pablo Bohoslavsky en su libro “Cuentas pendientes”: “empresarios que son
procesados penalmente por contribuir a desaparecer a sus operarios,
víctimas que demandan a los bancos que financiaron la dictadura,
reclamos económicos en el fuero laboral por detenciones en el lugar de
trabajo que se convierten en desapariciones y son declaradas
imprescriptibles, sentencias que instruyen investigar la complicidad
editorial de los diarios, pedidos efectivos de procesamiento contra
empresarios de medios por connivencia con los planes represivos,
procesamientos por extorsión de empresarios y usurpación de bienes, la
investigación estatal de Papel Prensa, la creación de la unidad especial
de investigación de los delitos de lesa humanidad con motivación
económica en el ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos y de una
oficina de coordinación de políticas de derechos humanos dentro de la
Comisión Nacional de Valores son algunas de las muestras de esta
tendencia”.
Pero lo más novedoso ha sido la vuelta que desde,
precisamente la CNV han podido encontrarle al período que transcurrió
entre 1976 y 1983: en un libro reciente y valioso como pocos, “La
dictadura del capital financiero”, los autores precisan
–provocadoramente, por qué no- que “No es preciso el estribillo que
durante años consumimos que se refiere a un plan maléfico trazado para
implantar por las armas el neoliberalismo en la Argentina”. En este
trabajo, sostienen que lo más valioso es conocer “un impactante mapa de
relaciones legales, acciones coordinadas entre las instituciones y una
presencia civil dominante en la toma de decisiones (...), un espacio de
poder que logró perdurar en el tiempo y tener reverberancias no deseadas
en la actualidad”. Esto nos obliga, proponen, a examinar “la relación
compleja entre genocidio y dictadura y la necesidad de reflexionar de
manera crítica sobre la noción de ´complicidad civil´”. Es decir, poner
en cuestión esta idea para pasar a una superadora: la de dictadura
militar corporativa (…) basados en que fueron las cúpulas de las
corporaciones, sobre todo empresarias, diversificadas e integradas,
nacionales y extranjeras junto a las estructuras jerárquicas
eclesiásticas las que operaron activamente como coprotagonistas
hacedoras del período”.
El inmenso intelectual de izquierda
Silvio Frondizi, que estuvo muy vinculado con la Revolución Cubana,
cerca del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), que fundara
Praxis y que fuera fusilado por un comando de las Tres A acuñó una frase
enorme, sobre todo para su tiempo y que deberíamos recordar bastante
más seguido. Él dijo: “hay que leer La Nación porque es la voz del poder
por encima de los gobiernos”, adelantándose con esta expresión varias
décadas a un debate que recién estamos pudiendo dar casi de lleno: el
que se afinca en comprender que el verdadero poder suele no ser el que a
diario manda desde la Casa Rosada. Y que ésa es la única verdadera
disputa importante.
El diario La Nación conoce bien de estas
cosas. Sabe de sutilezas, de políticas a largo plazo y, sobre todo, de
poder. Por eso, casi en soledad, aquel 23 de septiembre de 2011
titularon así la nota: “La persecución a Jaime Smart” y escribieron
allí: “Han transcurrido ya más de tres años desde que el doctor Jaime
Smart ha sido privado de su libertad sin que haya podido demostrarse
hasta ahora su responsabilidad en los hechos que se le imputan. El 12
del actual comenzó a ser juzgado en La Plata, junto con otros acusados,
por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante la lucha
antisubversiva en la provincia de Buenos Aires. El juzgamiento, a cargo
del Tribunal Oral Criminal I de La Plata, está en la etapa de la lectura
de las acusaciones para cumplir con los requerimientos de elevación a
juicio. La razón alegada para el enjuiciamiento es haber desempeñado el
cargo de ministro de Gobierno de la provincia entre 1976 y 1979. Se
trata por lo tanto de la incorporación de un funcionario civil dentro
del marco de acusaciones sobre delitos en acciones militares y de las
fuerzas de seguridad en la lucha antisubversiva”.
“Los procedimientos llevados a cabo en el marco de la lucha
contra el terrorismo” –sigue La Nación- “se realizaban en el más
absoluto secreto para los funcionarios civiles de los gobiernos nacional
y provinciales. Esto quedó claramente acreditado en varios tramos de la
sentencia emitida en el juicio contra los comandantes de las Fuerzas
Armadas. La Corte Suprema de Justicia, al entender en los recursos
extraordinarios deducidos por los condenados en la causa Nº 4485. A
pesar de estas constancias, Jaime Smart es acusado de ser responsable,
en su condición de ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
de las acciones de la policía provincial contra la guerrilla
terrorista. Para poder hacerlo, 35 años después, no sólo se desconoce
que fue ajeno a los hechos, sino que también se violentaron los
principios básicos de la justicia como el de legalidad e
irretroactividad de la ley penal”.
“El doctor Smart” –continúa La
Nación- “tiene un ganado prestigio por sus condiciones personales y
profesionales. En sus primeros años como abogado, se desempeñó en el
Poder Judicial y, a comienzos de los años setenta, se incorporó a la
Cámara Federal Penal de la Nación, que juzgó a miembros de los grupos
terroristas que asolaban al país. Queda confiar en que se haga justicia y
que se disponga el cese de la actual situación del doctor Smart. De lo
contrario, no podrá evitarse que muchos entiendan que casi cuarenta años
después, por su actuación en la Cámara Federal en lo Penal de la
Nación, Smart sea perseguido por un gobierno en el que algunos ex
terroristas hoy se enseñorean en importantes puestos”.
Avisaban.
Alertaban. Advertían. En diciembre de 2012, un tribunal de La Plata
condenó al primer funcionario civil del gobierno de facto: Jaime Smart.
Fue sentenciado a perpetua en un fallo que por primera vez consideró su
rol en tanto funcionario público y lo ubicaron no como cómplice de la
dictadura sino como autor de los hechos juzgados en el marco del aparato
represivo que comandaba. Uno de los jueces recalcó en la sentencia que
se trata de “un cambio de paradigma” porque “la figura del autor permite
pensar en un Estado macrocriminal integrado por cuadros civiles,
funcionarios y militares en una misma línea de autoría”.
Hay
casi 500 represores condenados y decenas de juicios por crímenes de lesa
humanidad se suceden uno tras otro. Con trabas y triquiñuelas, pero
avanzan. Satisface, calma, cura y da un poco de paz a las víctimas
directas y a sus familiares. Y sobre todo ordena a la sociedad toda.
Pero en este preciso momento no es una casualidad que se haya alzado en
armas de formalidad legal un partido judicial y que detenga, impida,
anule o trabe, justamente, las causas donde los sentados no deben ser ya
los uniformados sino señores y señoras de corbata y de falda.
La pulseada está asentada exactamente allí. A los uniformados ya los
entregaron y no quieren permitir que las condenas lleguen a quienes no
cargan grado militar. Lo avisaron, lo alertaron y lo advirtieron. Y
están llevando adelante el plan que impida que la política de memoria,
verdad y justicia los roce, los toque, los hunda y los lleve a eso que
muchos merecen desde hace rato: perpetua y cárcel común.
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